Alejandro Nieva, indicó que la Auditoría General de la Nación (AGN) pudo verificar irregularidades sobre los fondos destinados a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A (UGOFE S.A) al frente de la Línea Roca, la cual es la más significativa en términos económicos y de gestión. “Gobierno kirchnerista pagó $ 1.835 millones al servicio de trenes sin aprobación ni control”.

La AGN, organismo de control externo del Congreso que investiga las cuentas públicas, elaboró un informe aprobado por el Colegio de Auditores, que integran representantes del oficialismo y la oposición. La conclusión fue unánime: se destinaron 1.835 millones de pesos, entre los años 2011 y 2012, a los servicios ferroviarios administrados y operados por UGOFE, sin rendición de cuentas.

La UGOFE era una unión de empresas privadas conformada Metrovías, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) y Ferrovías que hasta el año 2014 operó las líneas San Martín, Belgrano Sur, Roca y Mitre. Esto implicó que UGOFE firme un acuerdo de operación para prestar un servicio público y que la Secretaría de Transporte aprobara y controlara los gastos.

El dato relevante es “La falta del rol activo del Estado. La Secretaría de Transporte no se había expedido sobre los 1.835 millones de pesos”, dice a Clarín Alejandro Nieva, Auditor General de la Nación. Se desdibujaron los principios de eficiencia y beneficio social que debe regir las prestaciones de servicios públicos que tienen efecto directo sobre la sociedad. “El control del Estado no existió”, sentencia el funcionario de la Auditoría.

Por otro lado, se encontraron irregularidades en la contratación de la obras. “Los procedimientos necesitan ser transparentes al utilizarse fondos públicos”, señala Nieva. Sin embargo, ”UGOFE contrataba a través de la Resolución 187/2006 de la Secretaría de Transporte donde se omitían algunos principios esenciales en materia de contratación pública, afectando la competitividad y la transparencia”, agrega. El informe muestra que el 98 % de las contrataciones se realizaban con proveedores que pertenecen al grupo de UGOFE como Ferrovías S.A y Metrovías S.A. Detalla el informe que la Secretaría de Transporte erogó alrededor de $144 millones en concepto de obras bajo este procedimiento.

Asimismo, las rendiciones de cuentas demoraban entre cinco y nueve meses. Como también disminuyeron los gastos de mantenimiento, en parte debido a la discrecionalidad de UGOFE debido a que se utilizaron alrededor de $28 millones para cubrir costos operativos.

La Auditoría pudo corroborar que tampoco se cumplió con el cupo correspondiente a personas con discapacidad establecido por la Ley N° 22.431 que regula el Sistema de protección integral de los discapacitados. Además, se lee en el informe sobre una tercerización de trabajadores, lo cual atenta contra la seguridad de éstos; al mismo tiempo que se incurre en una importante irregularidad.

La AGN detalla la inexistencia de un régimen de penas aplicable a la operación de los servicios de trenes, dando lugar a que las irregularidades no tuvieran consecuencias en este período.