En la sesión del pasado 25 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó una Comunicación al Poder Ejecutivo Nacional para que se reglamente la Ley 26.700/2011, que obliga al Estado nacional a resarcir a los ex trabajadores de Zapla o sus herederos con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP).

Morales, de este modo, insistió con su pedido al Gobierno Nacional para que se hagan efectivos los derechos de los trabajadores que no fueron incluidos en dicho programa en el momento del dictado de la norma que declaraba sujeta a privatización la empresa estatal, en el marco de las Leyes 23.696, 23.809 y los decretos 1131/90, 1213/90 y 2332/91.

Además, el electo gobernador de Jujuy requirió que el Poder Ejecutivo Nacional se expida en forma urgente, “pues se está ante un reclamo de los trabajadores que supera los veinte años, así como de un derecho reconocido legalmente que se encuentra denegado por la postergación de más de cuatro años”.

La iniciativa de Morales se tramitó bajo el expediente S-3159/2015. Se busca, con este proyecto, activar los mecanismos políticos y administrativos para restituir derechos a los ex trabajadores que quedaron fuera del PPP, tras la privatización de Zapla, en los 90.

La ley del año 2011 establece pautas para determinar el resarcimiento, así como el interés aplicable por la mora en el pago, la suspensión de las causas judiciales, entre otros aspectos, y disponía un plazo de 60 días para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) notifique a los ex trabajadores o sus derechohabientes las liquidaciones correspondientes.

Sin embargo, al día de hoy, ese plazo se ha vencido con creces. En mayo de 2012, por caso, Morales envió una nota al entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, para que se cumpla la ley 26.700, a lo que el funcionario respondió que necesitaba de un tiempo mayor para reglamentarla. Ya pasaron tres años y aún no hubo respuesta.

“No es menor la importancia que tiene el tema en la sociedad, y en particular en la provincia de Jujuy donde está radicada la empresa, ya que se han dispuesto nuevos reconocimientos en materia de derechos a la Propiedad Participada, como la Ley 27.133 para los trabajadores de YPF o el debate que se está dando en la actualidad con los ex trabajadores de Entel, lo que renueva la magnitud del reclamo de los ex trabajadores comprendidos en este universo”, destacó Morales.



PROYECTO PARA CONSTRUIR PUENTE SOBRE EL RÍO IRUYA

Por otro lado, el Senado también dio media sanción a un proyecto de ley de Gerardo Morales para la construcción de un puente sobre el Río Grande, en la localidad de Hipólito Yrigoyen (conocida también como Iturbe), departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy, sobre Ruta Provincial N° 13. El objetivo es unir la provincia de Jujuy con la localidad de Iruya (jurisdicción de la Provincia de Salta), juntamente con otros pueblos intermedios como Rodeo Colorado, San Pedro, San Isidro, La Mesada, Coranzulí, Matancillas y Casa Grande. El puente funcionará como vía de tránsito tanto vehicular como peatonal, conectando el centro de la localidad de Iturbe con el resto de la misma.

Para dar cumplimiento a esta obra con carácter de prioritaria, Morales propuso que se la incorpore en los bancos de proyectos de las provincias de Jujuy y Salta, integrados al BAPIN del Plan Nacional de Inversiones Públicas (2013-2015) a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

Iturbe es atravesada por el cauce del rio Grande que la recorre de norte a sur. En épocas de lluvia, el río crece y el pueblo queda literalmente dividido, obstaculizando la circulación de personas, bienes y servicios. Los alumnos no pueden asistir a clases, las ambulancias no pueden circular y, además, se generan trastornos al turista.